Los procesos suelen ser largos y complejos en la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI), a veces incluso se prolongan durante años.
¿Pero qué sucede desde que una persona es presentada como sospechosa ante la Corte Penal Internacional hasta que eventualmente es declarada culpable o inocente?
En las próximas líneas vamos a tratar de encontrar la respuesta. Vamos a ver cómo funcionan cada una de las etapas del proceso judicial en la CPI, que no siempre se asemeja a las etapas del procedimiento penal de las distintas jurisdicciones nacionales.
En el marco del Estatuto de Roma, una vez que la Fiscalía ha finalizado sus investigaciones y ha identificado a uno o más sospechosos de haber cometido crímenes que son competencia de la Corte, se inicia formalmente el proceso judicial.
Este proceso consta de tres grandes etapas:
- La primera frente a la Sala de Cuestiones Preliminares.
- La segunda, que es el juicio oral, se dirime ante la Sala de Primera Instancia y la tercera;
- la Fase de Apelación, discurre ante la última instancia de la CPI, la Sala de Apelaciones.
A lo largo de todas estas etapas existen garantías de protección tanto de los derechos del procesado, que pivotan sobre el principio de presunción de inocencia, como de los intereses de las víctimas que son representadas a través de sus letrados.
Lo primero para dar inicio al proceso judicial es que la Fiscalía solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares que acuerde una orden de comparecencia o de detención a la persona investigada.
Tras recibir la solicitud de la Fiscalía, la Sala, que está formada por tres magistrados, evaluará principalmente si existen motivos razonables para creer que la persona ha cometido crímenes bajo jurisdicción de la CPI. Con la orden de detención se busca garantizar la presencia del todavía sospechoso. En el caso de que la orden sea de comparecencia, la persona recibe una notificación para que se presente de manera voluntaria ante la Corte.
Una vez que la persona comparece ante los tres magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares, estos confirman la identidad del sujeto y se aseguran de que comprende tanto el idioma en el que se le está interpelando como el alcance de los cargos que se le imputan.
Posteriormente, se programará la que se conoce como la audiencia de confirmación de cargos, en la que participan tanto el investigado y su defensa como las víctimas a través de sus abogados y la Fiscalía.
Durante esta audiencia de confirmación de cargos, la Fiscalía debe presentar todas las evidencias que sean necesarias para que la Sala decida si existen motivos fundados para creer que en efecto el investigado ha cometido los crímenes que se le imputan.
Si los jueces llegan a la conclusión de que no existen suficientes indicios racionales de criminalidad, puede acordarse el archivo del procedimiento. En caso contrario, se dictará la apertura de juicio oral.
Entramos, pues, en la segunda etapa: el juicio oral.
En esta segunda etapa, el procedimiento se asigna a una Sala de Primera Instancia conformada, también, por tres magistrados y el estatus procesal del investigado muta al de “acusado”.
Al inicio de las sesiones del juicio la Sala debe leer al acusado los cargos por los que se le procesa y asegurar que este los comprende correctamente.
En este contexto, el acusado tendrá la posibilidad de declararse culpable o inocente. El uso de los idiomas adecuados es clave en los procedimientos de la CPI que, en alguna ocasión, por ejemplo en el procedimiento contra el congoleño Katanga, que fue condenado finalmente a 12 años de prisión, se usaron simultáneamente cuatro idiomas: el francés, el inglés, el swahili y el lingala.
Durante esta etapa la Sala debe procurar no sólo que los derechos procesales del acusado sean garantizados sino también que la seguridad y el bienestar de los testigos y las víctimas no sean violentados.
Las sesiones del juicio oral son, en principio, públicas, salvo excepciones que habitualmente se toman para proteger la identidad de las víctimas o de los testigos que deben comparecer. Cualquier persona puede acudir a la CPI y sentarse en la galería pública. Además, la Corte emite por streaming, desde su página web, todas sus audiencias que se celebran.
Durante toda la fase de juicio oral el acusado se encuentra en un centro de detención, un módulo especial para los detenidos de la CPI que está construido dentro de una prisión de máxima seguridad holandesa.
Esta etapa culmina con la sentencia, en base a las pruebas presentadas por las partes. Es decir, el Ministerio Fiscal, sobre quien recae la carga de la prueba, la defensa del acusado y los abogados de las víctimas.
Los jueces deberán decidir si la responsabilidad criminal del acusado ha resultado probada por la Fiscalía más allá de toda duda razonable.
De ser así, la Sala puede sentenciar al acusado a cumplir una pena máxima de 30 años de prisión o, en casos excepcionales de extrema gravedad, una pena de cadena perpetua.
Otras medidas como las multas están también contempladas en el estatuto de Roma y de igual manera la Sala puede decidir si las víctimas deben recibir reparaciones pecuniarias.
Si se condena al acusado a una pena de reclusión, no la cumplirá en el centro de atención de la Haya donde ingresó durante este periodo, sino que se le trasladará a cumplirla a algunos de los países que tienen acuerdos con la CPI.
El fallo de la Sala de Primera Instancia, ya sea condenatorio o absolutorio, puede ser siempre apelado por las partes comparecidas en el procedimiento. Y entramos así en la tercera y última fase que se dirime ante la Sala de Apelaciones.
Si esta Sala considera que hay motivos para modificar el fallo, invitará las partes a presentar sus argumentos y tras evaluarlos decidirá si se confirma el fallo de la sentencia, si lo revoca o enmienda o si debe celebrarse un nuevo juicio oral.
Las decisiones de la Sala de Apelaciones no están sujetas a ningún tipo de recurso.
