La Ley Orgánica del Poder Judicial recoge en sus artículos 23.2, 23.3, 23.4. 23.4 y 23.5 la normativa aplicable respecto a los delitos cometidos fuera de territorio nacional que pueden ser perseguidos por la justicia española.

En primer lugar, el artículo 23.2 de la LOPJ hace referencia al principio de personalidad. En el mismo, se señala que España será competente para perseguir aquellos delitos cometidos fuera del país por españoles o extranjeros que adquieran la nacionalidad después de la comisión del hecho delictivo, siempre que se cumplan ciertos requisitos reflejados en la ley, que son los siguientes:

  • El hecho debe estar tipificado en la legislación penal del país en el que se ha cometido el delito.
  • El Ministerio Fiscal o el agraviado deben interponer necesariamente querella criminal ante los tribunales españoles.
  • Que la persona investigada no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

En el tercer párrafo del artículo 23 de la LOPJ, se alude al principio real o de protección de intereses jurídicos españoles. En este caso, la jurisdicción española está facultada para investigar determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. Se enumera un catálogo cerrado de delitos, pues los bienes jurídicos que protegen los mismos son especialmente relevantes para España. Estos delitos son:

  • De traición y contra la paz o independencia del Estado.
  • Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente.
  • De rebelión y sedición.
  • De falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales.
  • De cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
  • De atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
  • Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración pública española.
  • Los relativos al control de cambios.

El principio de universalidad o de justicia universal se define en el art. 23.4 de la LOPJ, otorgando competencia a los tribunales españoles para perseguir delitos cuya protección es reconocida por la comunidad internacional, independientemente de si el autor de los mismos es español o extranjero. En el precepto de la ley, se detalla un extenso catálogo de delitos con determinadas especificaciones.

Por último, en el párrafo quinto del artículo 23 de la LOPJ se impone una restricción al principio de justicia universal, conocida como el principio de subsidiariedad. Su aplicación conlleva que los delitos enumerados en el art. 24.4 de la LOPJ no serán perseguibles por la jurisdicción española si ya se ha iniciado un procedimiento por los mismos hechos en un Tribunal Internacional, o cuando en el país en el que han ocurrido los hechos o en el Estado nacionalidad del sujeto activo ya se ha iniciado una investigación, siempre que el sujeto imputado no esté en territorio español o bien se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición. Tal y como dispone el párrafo sexto del artículo 23 de la LOPJ, en los casos de jurisdicción universal, los delitos únicamente serán perseguibles si con anterioridad se ha interpuesto querella por el Ministerio Fiscal o por la persona agraviada.